En los últimos meses he observado como la industria editorial europea ha hecho de la sostenibilidad uno de sus ejes centrales de trabajo. Referencias a debates en ferias y reuniones de editores en torno a una hoja de ruta de la descarbonización de las industrias del libro son frecuentes de encontrar en los medios. El pasado enero fueron los franceses los que abordaron el tema en una jornada de reflexión para definir un proceso de descarbonización de su industria. En paralelo, hace unos días apareció en el diario El País un artículo que hacía referencia a una importante encuesta del Instituto de la Transición Justa, un organismo autónomo, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en algunos de los gráficos sobre la percepción de los españoles sobre la transición ecológica, se pregunta por ejemplo la disposición a instalar placas solares en domicilios, posibilidad de comprar un coche híbrido o eléctrico, etc…
Pero lo más interesante es la pregunta acerca de si se estaría dispuesto a comprar productos ecológicos aunque fuesen más caros, la franja de población de 18 a 34 años responde afirmativamente en un porcentaje del 66%, y en la franja de mayores de 65 años el porcentaje se eleva al 70%.
Cuento todo esto porque viene a reafirmar los datos de numerosos estudios sobre la percepción positiva que el tema del cuidado medioambiental tiene entre la población española, y en especial entre los jóvenes, lo que me confirma que la edición (y el libro en general) está desaprovechando una excelente oportunidad de resituarse con un relato transgeneracional de cara a su posicionamiento en el mercado y en la sociedad.
Es por ello que observo la necesidad de abordar una hoja de ruta de la descarbonización, y no me refiero aquí a una mesa con ponentes y charlas, sino a formar un grupo de trabajo con expertos en el tema que defina esa hoja y su calendario de implantación. Si no estuviese desmantelado el Observatorio de la Lectura y el Libro podría ser la entidad que lo debería abordar.
Entre las conclusiones a las que se llegó en el evento francés hay una particularmente interesante. Es la idea de que para prolongar el ciclo de vida útil del libro no vendido, y desde una óptica medioambiental, se impone la de implementar una plataforma que facilite el contacto entre editores y bibliotecarios, para que estos libros sean accesibles a precios reducidos por el canal bibliotecario, se incluye una referencia a las librerías. Pensemos por un momento que toda la administración pública adquiere productos y servicios al precio más bajo, salvo en el caso del libro, la ley del libro impide descuentos superiores al 15%. Si los editores están en condiciones de vender con descuentos más elevados, la pregunta lógica es porque las administraciones no compran directamente al editor con descuentos del 50% por ejemplo. Habría más libros en las bibliotecas y se implementaría un uso más lógico de los recursos dinerarios públicos. Pensemos en el volumen de novedades que salen al mercado y que el editor sabe que no venderán ni siquiera el 40%.
La adquisición de manera directa e inmediata de estos fondos de novedades invendidas redundaría en una liberación radical de activos para la edición, se puede dejar que la compra de stocks de fondo siga el procedimiento actual, compra a través de librerías. La idea es que un procedimiento como el que propongo posibilitaría tener las novedades casi simultáneamente a su aparición, y no con demoras de meses en el canal bibliotecario. Alguien pensará al leer esto que para ello habría que retocar la ley del libro, es obvio, llevo mucho tiempo pensando en que la ley está obsoleta y requiere repensarla en su conjunto a la luz de una reconfiguración de los ecosistemas del libro. Me consta que en algún mentidero editorial se ha pensado ya en formulas nuevas y creativas que reduzcan el inmovilizado editorial, y constituiría un mecanismo de reducción evidente de impacto medioambiental. De hecho, en varias ocasiones he escuchado a algún editor hablar de fijar un porcentaje de la edición para ser vendida de manera directa a ese canal. Sería una medida de sostenibilidad económica que equilibraría la cuenta de resultados.
También es importante reseñar que el pasado febrero se reunió el Parlament de L’Ecoedició de Catalunya. Ahora mismo el referente internacional del tema. Comparto aquí un enlace a las conclusiones del evento. La Asociación de Editores de Madrid debería tomar buena nota y ponerse a desarrollar el tema aquí, o bien, la FGEE impulsar el tema a nivel nacional. También juzgo importante que la Dirección General del Libro comience a desarrollar un plan de gradual de elevación de exigencias en productos y proveedores para licitaciones y subvenciones. A mi juicio no basta con certificaciones FSC o PEFC, hay ir un paso más allá. Y un sello verde para el libro parece imprescindible a nivel nacional.
En resumen, se hace imprescindible repensar las placas tectónicas del libro desde el punto de vista del cumplimiento de objetivos de la Agenda 20/30 y de la preocupación ecológica. El sector no puede dar la espalda a este tema, mucho más cuando la nuevas generaciones tienen el tema entre sus prioridades y preocupaciones vitales. Imaginar el futuro es responsabilidad empresarial. Es obvio que el libro no es una industria de enorme impacto ambiental, pero su impacto social y cultural sí. Y esto se debe aprovechar. Se impone un cambio de paradigma en cuanto a la visualización de un nuevo relato de la edición, pero tengo dudas sobre si esto es posible. Los vetustos directivos que gobiernan los gremios e instituciones del libro parecen ajenos a las preocupaciones medioambientales de la sociedad. Es obvio que no hay transición ecológica sin transición económica. Es razonable pensar que los modelos económicos deberán evolucionar ya sea por limitación racional de recursos o anticipándose a desafíos futuros. Como los sueños no caducan, seguiré pensando que ello es posible.
