La desregulación del mercado editorial impulsada por el Gobierno de Javier Milei en Argentina despierta el rechazo unánime del sector
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, encabezado por Federico Sturzenegger, impulsa la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera dentro de su paquete de reformas. La normativa, vigente desde 2001, establece el precio uniforme de venta al público para los libros en todo el territorio nacional. La medida ha encendido las alarmas en librerías independientes, editoriales pequeñas y medianas, y cámaras del sector, que advierten sobre el riesgo de concentración comercial y el cierre masivo de comercios culturales en el país.
La Ley del Libro argentina, inspirada en la Ley Lang de Francia, impide que las grandes cadenas comerciales o plataformas de venta apliquen descuentos desproporcionados en los títulos de mayor demanda. Esta regulación busca igualar las condiciones entre los grandes grupos y las librerías independientes de barrio, garantizando la viabilidad del canal tradicional.
Desde la Cámara Argentina del Libro expresaron su firme rechazo a la reforma planteada por el Ejecutivo, argumentando que el precio unificado «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», al tiempo que sostuvieron que la norma garantiza el «acceso federal a la lectura» y sostiene «la bibliodiversidad de nuestro país».
Por su parte, los representantes del canal minorista enfatizan el papel indispensable que desempeñan las librerías en la difusión de la cultura frente a las grandes superficies. José «Perico» Pérez, librero, editor y titular de la firma Homo Sapiens, recordó cómo la llegada de cadenas de supermercados en la década de 1990 puso en peligro al sector antes de la sanción de la ley: «Cuando llegó Carrefour empezó a vender los llamados ‘libros de punta’, los títulos más vendidos de las grandes editoriales, con descuentos del 40 o 50 por ciento. No les importaba perder dinero con esos libros porque el objetivo era atraer clientes para venderles otros productos. Para una librería independiente era imposible competir en esas condiciones».
Pérez advirtió también que «se instala la idea de que el libro será más barato, pero esa es una trampa para el lector. Lo que termina desapareciendo es la bibliodiversidad: dejan de circular muchos autores y autoras porque sólo permanecen los títulos de mayor volumen de venta».
El debate político ha llegado de inmediato al Congreso de la Nación Argentina, donde diversos legisladores han manifestado su oposición al anteproyecto del Gobierno. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, apuntó directamente contra la gestión del ministro Sturzenegger: «Sturzenegger no tiene idea, y tampoco le interesa comprender, lo que representa el libro para la Argentina». El legislador rechazó además los argumentos presupuestarios para avanzar con la medida: «No hay ahorro fiscal detrás de esta ofensiva. El objetivo es claro: beneficiar a unos pocos, concentrar el mercado y debilitar la diversidad editorial que caracteriza a la Argentina».
La preocupación es compartida por los editores independientes, quienes recalcan que la desregulación no alivia las cuentas públicas. Desde la editorial Homo Sapiens señalaron que «estas leyes regulan y protegen todo el ecosistema cultural y no le generan ningún gasto al Estado», por lo que argumentan que «su eliminación no es un ahorro», sino que constituye «un ataque directo a nuestra identidad y termina generando un monopolio y desastre cultural».
En la misma línea, desde la editorial Corregidor defendieron que «la Ley 25.542 protege la actividad librera en la Argentina mediante el precio uniforme de venta al público de los libros. Gracias a ella, librerías independientes, editoriales y lectores forman parte de un ecosistema cultural diverso y federal».
Mientras el Gobierno busca avanzar con la agenda desreguladora, las entidades gremiales y editoriales del país han iniciado rondas de trabajo con legisladores nacionales para frenar la derogación y preservar el modelo editorial argentino.
Esta es la segunda vez que el gobierno de Milei trata de acabar con la ley del libro en Argentina, en un claro ejemplo de política neoliberal que no tiene en cuenta las necesidades no solo de libreros y libreraas, sino también de editores, lectores y, en definitiva el tejido cultural del país. Mientras que en el vecino Uruguay el sector editorial lucha porque se implante el precio fijo del libro, un país como Argentina que presume de sus librerías frente al mundo, encamina al cierre a cientos de estos establecimientos con políticas que favorecen a las grandes cadenas.
