Las editoriales gallegas proponen un «plan de rescate» con microcréditos e inversión pública para dinamizar el libro en gallego
El sector editorial en lengua gallega busca vías de salida a la compleja situación económica que atraviesa. La Plataforma de Editoras Independentes Galegas Afectadas ha presentado de forma detallada el denominado Plan 30/30, un documento estratégico remitido a la Xunta de Galicia en el que se plantea un plan de choque financiero y cultural. El proyecto nace como respuesta a la «crisis estructural» denunciada semanas atrás por sellos independientes como Boadicea, Aira Editorial, Patas de peixe y Antela, derivada de los impagos acumulados del Consorcio Editorial Galego.
El diagnóstico de partida dibuja un panorama de estancamiento en las ventas: según los datos cruzados del estudio Hábitos de lectura 2025 de la Federación de Gremios de Editores de España, el Informe Comercio Interior del Libro 2025 y el informe de Hábitos e prácticas culturais en Galicia 2025, la comunidad registró en 2025 la venta de unos 900.000 libros en gallego, lo que equivale a un promedio de un ejemplar por cada tres habitantes.
Para revertir esta cifra, la hoja de ruta fija un horizonte ambicioso, alcanzar una cuota del 30% de ventas en lengua propia dentro de Galicia en el año 2030, lo que requeriría superar el umbral de los tres millones de libros anuales.
Eje financiero: inyección directa, microcréditos y compra pública de fondos
Para dotar al sector de la liquidez necesaria mientras el mercado responde a los estímulos, la plataforma plantea la puesta en marcha de una línea de financiación específica y microcréditos puente que permitan amortiguar la deuda pendiente y garantizar la operatividad de los sellos más pequeños.
En el ámbito de la inversión pública, la propuesta exige un incremento presupuestario de 1 millón de euros anuales durante un mínimo de cinco años destinado íntegramente a la compra directa de libros en gallego por parte de las administraciones. Para evitar la concentración del fondo en los grandes grupos, se proponen criterios de elegibilidad estrictos: las editoriales deben contar con sede social en Galicia, una antigüedad mínima de tres años y un techo de facturación situado entre los 250.000 y los 300.000 euros.
La distribución anual de este fondo de 1 millón de euros se desglosaría en las siguientes partidas:
| Destino de los fondos | Inversión anual propuesta | Objetivo principal |
|---|---|---|
| Bibliotecas municipales | 350.000 € | Renovación de fondos locales |
| Bibliotecas escolares | 350.000 € | Fomento de la lectura en etapas formativas |
| Puntos de lectura sanitarios | 200.000 € | Distribución en centros de salud, primando los más pequeños |
| Clubes de lectura y asociaciones | 100.000 € | Apoyo a planes colectivos entre múltiples editoriales |
| Fondo de reasignación | Cuantía flexible | Redistribución automática de partidas no ejecutadas al 100% |
El plan plantea además que la Xunta coordine con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos la movilización de recursos complementarios para sumar otro millón de euros anual destinado a la adquisición de ejemplares y la promoción de la lectura.
Incentivos al consumo: nace el ‘Bono Rosalía’ y el sello de ‘Librarías Galegas’
Entre las medidas dirigidas a dinamizar la demanda final destaca la creación del ‘Bono Rosalía’, una iniciativa dotada con 1 millón de euros para subvencionar la compra de libros en gallego durante fechas señaladas del calendario cultural, como el Día de Rosalía de Castro o el Día das Letras Galegas.
En la cadena de comercialización, el plan incluye la creación de una acreditación oficial de ‘Librarías Galegas’, acompañada de un fondo de 300.000 euros anuales en ayudas directas. Para optar a esta distinción y a sus beneficios financieros, los establecimientos deberán cumplir tres requisitos:
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Mantener un fondo vivo mínimo del 30% en lengua gallega.
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Realizar una promoción activa de la literatura propia.
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Utilizar el gallego de forma habitual en su comunicación, redes sociales y cartelería.
De forma paralela, el documento sugiere impulsar una distribuidora especializada en el libro en gallego que optimice los márgenes logísticos. La propuesta contempla incentivos públicos para aplicar un descuento o mejora adicional del 10% en el margen comercial de las librerías por cada venta realizada a través de este canal.
Proyección exterior e impulso institucional
El Plan 30/30 trasciende el ámbito estricto de la comercialización local y propone articular estructuras institucionales permanentes:
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Educación e infancia: Creación de un programa de animación a la lectura en Educación Infantil y Primaria dotado con 500.000 euros anuales.
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Instituto da Lingua e Cultura Galega no Exterior: Creación de un organismo de proyección internacional inspirado en el modelo del Institut Ramon Llull catalán o el Etxepare Euskal Institutua vasco.
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Conexión con el espacio lusófono: Puesta en marcha de una comisión técnica enfocada a estrechar vínculos editoriales y comerciales con Portugal y los países de habla portuguesa, facilitando el intercambio de autores y la circulación de obras.
El fútbol y las empresas como motores de normalización
Una de las apuestas más novedosas del documento es la búsqueda de alianzas fuera de los espacios culturales tradicionales para captar nuevos perfiles de lectores. En el ámbito deportivo, la plataforma propone formalizar acuerdos estratégicos con los dos principales clubes de fútbol de la comunidad, el R.C. Celta de Vigo y el R.C. Deportivo da Coruña. La intención es que futbolistas con compromiso lingüístico explícito actúen como prescriptores y altavoces de la campaña, sirviendo de referente para el público infantil y juvenil.
En el plano empresarial, se aboga por replicar dinámicas consolidadas como las del ‘Foro Peinador’ para expandir el uso del idioma en las estructuras socioeconómicas, complementado con la creación del distintivo de ‘Empresas comprometidas co galego’.
La propuesta remitida a la Xunta, con la que la plataforma mantendrá una reunión formal a lo largo del mes de septiembre, concluye con la necesidad de constituir una Comisión de seguimiento y evaluación mixta que supervise periódicamente el grado de cumplimiento de las medidas y la evolución de los datos de ventas.
