Más sombras que luces en la gran compra institucional para las bibliotecas mexicanas
El anuncio de la Secretaría de Cultura y del Fondo de Cultura Económica sobre la resolución de la convocatoria pública para nutrir la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se presentó como un triunfo institucional de la diversidad y el apoyo a la edición independiente. Con una inversión de 50 millones de pesos destinados a adquirir más de 315.000 ejemplares de 1.576 títulos, el discurso oficial quiso vender el rescate del ecosistema del libro tras años de abandono. Sin embargo, un análisis detallado del desglose financiero desmiente la versión de las autoridades y revela cómo las instituciones públicas y las grandes corporaciones transnacionales terminaron acaparando los mayores importes de la licitación, algo que, a estas alturas, ya no sorprende a nadie.
Para sostener su relato de apoyo al tejido independiente, la Secretaría de Cultura destacó el caso de Elefanta Editorial como el sello más favorecido, con una asignación de 1,81 millones de pesos. No obstante, esta presentación fragmentada funciona como una cortina de humo que camufla a los verdaderos vencedores económicos de la compra. Si las cifras se analizan por grupos empresariales y no por sellos aislados, Grupo Planeta se sitúa a la cabeza de la adjudicación con 2,35 millones de pesos repartidos entre catorce de sus sellos comerciales. Que la transnacional donde publica habitualmente el actual director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, se convierta en la mayor receptora privada de la bolsa en una convocatoria sin cláusulas sobre conflicto de interés ni topes por grupo ha encendido todas las alarmas de la industria.
La contradicción se vuelve aún más evidente al examinar el papel jugado por el propio Fondo de Cultura Económica. La institución actuó como gestora administrativa del proceso, recibiendo las propuestas, integrando expedientes y reservándose la capacidad de modificar el concurso, mientras competía de forma directa contra los editores a los que teóricamente pretendía respaldar. Como resultado de esta doble condición, el FCE se adjudicó a sí mismo algo más de dos millones de pesos para la colocación de 115 títulos y 23.000 ejemplares en los estantes públicos. Si a este importe se le suman los asignados a otras entidades públicas y académicas como la UNAM, El Colegio de México, El Colegio Nacional y el Instituto Mora, el propio Estado terminó absorbiendo 3,29 millones de pesos de una bolsa que debía aliviar a la producción editorial privada.
Las reacciones de los editores ante esta dinámica han sido inmediatas. En declaraciones recogidas por el diario mexicano Reforma, Tomás Granados Salinas, fundador de Grano de Sal, calificó de grotesco que el Fondo se compre a sí mismo dentro de un concurso público, señalando que la adquisición de fondos a dependencias oficiales debería tramitarse mediante convenios interinstitucionales y no a costa de los recursos destinados al sector comercial. En la misma línea, Déborah Holtz, fundadora de editorial Trilce, subrayó la desprotección que sufren los proyectos independientes que no cuentan con ningún tipo de subsidio público frente al ventajismo de la infraestructura estatal.
El desequilibrio de la licitación se acentúa al comprobar que una cuarta parte del presupuesto total, unos 12,5 millones de pesos, terminó en manos de editoriales cuya matriz principal se ubica fuera de México. Aunque la convocatoria surgió al calor de la crisis de Ediciones Era y se publicitó como un salvavidas para la edición pequeña y mediana nacional, las bases redactadas por la administración no fijaron ninguna protección de mercado ni restringieron el volumen de títulos a presentar por las grandes corporaciones.
Pese al descontento por el sesgo en el reparto, los agentes del sector coinciden en la urgencia de que las compras públicas tengan continuidad y no queden en una respuesta coyuntural. Editores como Emiliano Becerril, de Elefanta, Patricia van Rhijn, fundadora de CIDCLI, o Alberto Ruy Sánchez, al frente de Artes de México, valoraron la llegada de liquidez pero instaron a convertir estas iniciativas en una política de Estado permanente, transparente y verdaderamente orientada a las necesidades reales de las bibliotecas comunitarias y no a la conveniencia de los grandes actores del mercado.
