Los editores españoles presentan un Decálogo de Objetivos del sector editorial que olvida a actores clave del ecosistema del libro

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha presentado un Decálogo de Objetivos del sector editorial, una hoja de ruta estratégica concebida para definir las prioridades del sector del libro y establecer sus principales líneas de actuación a corto plazo de cara a la próxima legislatura. Concebido de forma explícita como una  propuesta de cara a la convocatoria de los próximos comicios nacionales que tendrán lugar el 29 de noviembre, la Federación traslada este documento al conjunto de las formaciones políticas para que sus reivindicaciones sean incorporadas a los programas de gobierno y se traduzcan en políticas de apoyo real. El documento se sustenta en la posición preeminente de la industria editorial en España, cuya buena marcha ha llevado a los foros internacionales a hablar del fenómeno español o de la excepción ibérica frente al retroceso de los mismos indicadores en el entorno europeo.

Radiografía de la industria: cifras y magnitudes del sector

El documento se sustenta en la posición preeminente de la industria editorial en España, cuya buena marcha ha llevado a los foros internacionales a hablar del fenómeno español o de la excepción ibérica frente al retroceso de los mismos indicadores en el entorno europeo.

Según los estudios de comercio interior y exterior de la FGEE, el sector editorial está conformado por más de 4.200 empresas y cuenta con una cifra de negocios de 7.003 millones de euros, dando ocupación a más de 43.000 personas. El desglose de la actividad económica detalla un comercio interior de 3.138 millones de euros y unas exportaciones de 365 millones de euros, a los que se suman 3.500 millones de euros generados por la facturación de editoriales de origen español en América Latina. En paralelo a este tejido empresarial, los hábitos de lectura sitúan en un 69,8% el porcentaje de personas que leen de manera regular, destacando especialmente el crecimiento entre los jóvenes de 14 a 24 años.

Los diez ejes prioritarios del decálogo

El documento estructurado por la FGEE sintetiza las demandas estratégicas del sector en diez puntos fundamentales orientados a garantizar su sostenibilidad, su viabilidad comercial y su valor social:

• Mantenimiento y defensa del precio fijo: Respaldado por la Ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las bibliotecas, este marco jurídico ha demostrado ser un pilar de crecimiento y bibliodiversidad, por lo que se exige su defensa en el ordenamiento interno, europeo e internacional.

• Defensa de la propiedad intelectual y lucha contra la piratería: Ante el persistente impacto de la piratería, se reclama un Plan de Defensa de la Propiedad Intelectual y la recuperación de la tramitación del Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos.

• Inteligencia Artificial: Se propone un acuerdo formal entre el Estado y las industrias culturales para garantizar el respeto a los derechos de autor en el uso de obras protegidas para el entrenamiento de modelos generativos, bajo criterios de transparencia, trazabilidad, reconocimiento y remuneración justa.

• Fomento de la lectura: Se insta a programar políticas públicas dotadas con presupuestos suficientes y basadas en una colaboración público-privada, diseñando acciones específicas para colectivos vulnerables, la infancia, la adolescencia y el mundo rural.

• Competencia y comprensión lectoras: Ante los resultados en las pruebas internacionales, se establece la mejora lectora como un eje estratégico educativo, proponiendo iniciativas como la implantación de una hora de lectura en los centros escolares en paralelo a la hora deportiva.

• Plan de apoyo a las pymes editoriales: Con más de 3.000 editoriales activas, se solicita un programa de ayudas específico y complementario que asegure la competitividad y sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector.

• Fondos para bibliotecas: Se demanda un incremento presupuestario para los programas de adquisición de fondos bibliográficos destinados a bibliotecas públicas, universitarias e institucionales, prestando especial atención a las bibliotecas escolares.

• Ayudas a librerías: Se prioriza la puesta en marcha de un plan de apoyo a las librerías que incluya el mantenimiento y la mejora de las bonificaciones a los envíos postales para contrarrestar la ventaja de los envíos gratuitos de los grandes operadores.

• Libros de contenido educativo escolar: Se plantea estudiar medidas específicas para este segmento, tales como la implantación de un programa de cheque-libro basado en criterios de renta que fomente un modelo unificado en todo el territorio.

• Declaración institucional: Como culminación, se promueve un reconocimiento institucional de alto nivel que impulse la declaración de la lectura como Bien de Patrimonio Inmaterial a escala nacional, liderando asimismo la iniciativa ante la UNESCO.

Un punto de partida limitado por un reduccionismo del sector al binomio editorial-librería

El decálogo funciona como una base inicial para abrir el diálogo con la administración, pero si pretende erigirse en la hoja de ruta de la industria, adolece de un claro reduccionismo al concentrar el peso de sus medidas en el binomio editorial-librería.

Esta perspectiva deja fuera a actores fundamentales del ecosistema editorial de España. El texto omite a las agencias literarias, relegadas de forma sistemática en los planes de ayuda institucional como si fueran ajenas a la propia industria, a pesar de su papel clave en la gestión de derechos, la captación de talento y la proyección internacional de las letras en español. Del mismo modo, la distribución comercial, sometida a una fuerte presión logística y al incremento de costes, queda también al margen de las medidas concretas de apoyo dentro del decálogo.

Del mismo modo se refleja el desamparo en profesiones como la traducción o la ilustración. Ante la irrupción de la inteligencia artificial generativa, el decálogo limita su respuesta a la defensa corporativa de la propiedad intelectual y los derechos de las editoriales frente al entrenamiento de modelos, obviando la necesidad de articular salvaguardas laborales y de contratación para proteger a estos creadores frente a la precarización y la sustitución automatizada.

El documento se confirma así como un instrumento de negociación corporativa eficaz para fijar las prioridades del sector en la agenda de los partidos políticos. Sin embargo, su recorrido como hoja de ruta global queda mermado por una mirada parcial que prioriza la protección del negocio sobre la vertebración del ecosistema. El texto constituye un borrador de partida valioso para la interlocución institucional, pero resulta insuficiente si pretende erigirse en el reflejo fiel del mapa real y de las dinámicas de trabajo que sostienen al libro en España.