Indefinite strike called at Consorcio Editorial Galego over unpaid wages and debts owed to the sector
The Confederación Intersindical Galega (CIG) has filed notice of an indefinite strike at the Consorcio Editorial Galego, to begin at 00.00 on Monday 31 August.
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La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha registrado la convocatoria de una huelga indefinida en el Consorcio Editorial Galego que comenzará a las 00.00 horas del próximo lunes 31 de agosto. El sindicato exige el abono de los salarios atrasados de los cinco trabajadores que forman la plantilla de la distribuidora con sede en Redondela, quienes no perciben sus nóminas desde el pasado mes de mayo.
Junto a la liquidación de las deudas salariales, la convocatoria persigue garantizar la estabilidad de todos los puestos de trabajo y exigir el cumplimiento del convenio colectivo del sector. La plantilla arrastra retrasos en los pagos desde comienzos de año, situación que ha llevado a varias editoriales clientes a retirar sus fondos del almacén ante la falta de un diagnóstico financiero claro por parte de la dirección.
La crisis laboral coincide con un delicado escenario económico para la distribuidora, que acumula una deuda con cerca de sesenta editoriales estimada entre los 309.000 y los 504.000 euros, con impagos individuales de hasta 20.000 euros. A finales de julio, la Plataforma de Editoras Galegas Afectadas advirtió de que esta falta de liquidez compromete la supervivencia de proyectos independientes y el pago a autores, traductores e ilustradores.
El impacto del conflicto amenaza al conjunto del libro en gallego, ya que la compañía distribuye los catálogos de unas doscientas editoriales y representa el principal canal de llegada a las librerías para los sellos de menor tamaño.
Por su parte, la empresa admitió sus dificultades tras denegársele una ayuda de 300.000 euros solicitada a Xesgalicia. La dirección ha fijado el 30 de septiembre como fecha límite para definir su futuro, sin descartar la entrada en concurso de acreedores o la búsqueda de un inversor privado.
En el ámbito político, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, indicó que la administración autonómica actuará si existe margen de intervención, mientras que la Consellería de Cultura se ha ofrecido a mediar entre las partes. Asimismo, desde el BNG, la diputada Mercedes Queixas reclamó un plan urgente de protección amparado en la Lei do Libro de 2006 para garantizar la continuidad de la distribución editorial en Galicia.
