Penguin Random House sues Mexico’s IMPI for censorship over the ban on ‘Todo a la luz’, a book about the Trevi-Andrade case

El grupo editorial Penguin Random House (PRH) ha presentado una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de México contra una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que ordena el retiro inmediato del libro Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad (Grijalbo, 2024), escrito por la abogada y activista Karla de la Cuesta. La medida del organismo administrativo prohíbe el uso del nombre e imagen de la cantante Gloria Trevi e impone una sanción económica a la casa editora, en un dictamen que el sector ha calificado como un acto sin precedentes de censura estatal y un atentado contra la libertad de prensa.

El conflicto jurídico se remonta a la publicación de la obra en agosto de 2024. El volumen constituye un riguroso trabajo de investigación periodística en el que De la Cuesta, víctima del denominado caso Trevi-Andrade, analiza cerca de una tonelada de folios y documentos del expediente judicial del proceso penal e incorpora testimonios de más de cuarenta afectadas, así como material hemerográfico de la época. Tras el lanzamiento, la representación legal de la artista solicitó medidas cautelares para frenar la circulación del texto. En aquel momento, el propio IMPI levantó las restricciones al reconocer que la intérprete es una figura pública de interés social y que primaba el derecho de la ciudadanía a recibir información.

Sin embargo, el 27 de julio de 2026, el organismo administrativo revirtió su postura sin fundamentación legal y determinó la prohibición total de la obra. La resolución exige la eliminación del nombre y las fotografías de la cantante, extraídas directamente de periódicos y del expediente penal, imponiendo a Penguin Random House una multa de 5.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 586.000 pesos mexicanos, junto con multas coercitivas diarias de hasta 500 UMAs en caso de mantener la distribución.

En conferencia de prensa, el equipo legal del sello editorial anunció la interposición de un recurso judicial que ya ha sido admitido a trámite. «El Tribunal ha admitido la demanda que presentamos en contra del IMPI y además nos dio medidas cautelares, lo que significa que provisionalmente la resolución no surta efectos y no se considera cosa juzgada», explicó el abogado Eduardo de la Parra, confirmando que la comercialización del título, que suma 7.000 ejemplares en papel junto a sus ediciones en ePub y audiolibro, continúa plenamente vigente mientras se resuelve el fondo del litigio.

Por su parte, Quetzalli de la Concha, gerente legal y de derechos de autor de PRH, advirtió sobre el peligroso antecedente que sienta el criterio del instituto. «La resolución del IMPI crea un derecho de veto a favor de cualquier persona señalada en una investigación periodística. Si subsiste este criterio, nadie podrá usar el nombre de una figura pública para informar sobre ella o criticarla sin su autorización previa, bajo amenaza de multas millonarias», enfatizó, calificando el fallo administrativo de «censura pura y dura».

El caso ha provocado la reacción inmediata de las principales instituciones del sector del libro en el país. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), Diego Echeverría Cepeda, manifestó el respaldo unánime de las cerca de doscientas editoriales afiliadas al gremio. «Somos una industria comprometida con la libertad de publicación, el combate a la censura y la libertad de las ideas. Nos sumamos a la preocupación de Penguin Random House por este asunto en particular», sostuvo.

Diversos analistas han coincidido en señalar la gravedad del precedente para la creación y el periodismo. En declaraciones recogidas por El Universal, el especialista en política y legislación cultural Arturo Saucedo advirtió que la intervención del organismo supone un acto de censura propio de un Estado autoritario que atenta directamente contra la libertad creativa.

Por su parte, la académica María Solange Maqueo, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, destacó en El Economista que el litigio rebasa el ámbito estrictamente comercial y fijará un criterio determinante para futuros procedimientos administrativos en los que entren en conflicto el derecho a la propia imagen, el derecho a la información y la libertad de expresión. Mientras la editorial contempla elevar la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos, fuentes del IMPI han señalado que esperarán al dictamen definitivo del Tribunal Federal para emitir un pronunciamiento formal.